Estudiantes indocumentados: conozca sus derechos

Updated April 18, 2023

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Como estudiante indocumentado, tiene derecho a asistir a la escuela pública, tiene derecho a solicitar la admisión a institutos de educación superior y a universidades en la mayoría de los estados y tiene derecho a las garantías otorgadas a los ciudadanos estadounidenses en virtud de la Constitución de los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y el derecho al debido proceso.

Desafortunadamente, una combinación de estándares legales cambiantes y tácticas de cumplimiento cada vez más severas están desdibujando la línea entre sus derechos y el derecho de garantía real de los Estados Unidos. Esto ocurre sobre todo en muchos estudiantes indocumentados que han gozado de garantías conforme a la Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Mientras que la DACA actualmente permanece vigente para aproximadamente 800,000 beneficiarios, la Administración Trump ya ha tomado medidas para desmantelar el programa, incluida la restricción a las renovaciones de solicitudes y nuevas solicitudes.

Los organismos de seguridad también han adoptado iniciativas y medidas que no siempre son compatibles con sus derechos. Conocer sus derechos es fundamental para su defensa contra dichas medidas.

Es muy importante que los beneficiarios de la DACA y los estudiantes indocumentados presten mucha atención a los cambios en nuestras leyes y a cómo pueden afectar sus derechos.

Siga leyendo para ver sus derechos como estudiante indocumentado y cómo puede proteger estos derechos.

Conozca los Grupos de Seguridad

Debe tener en cuenta las diversas categorías coercitivas del gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a la inmigración. Estos organismos se han involucrado en tácticas cada vez más agresivas y niveles más altos de participación con personas que supuestamente son indocumentadas. A medida que la orientación de la política federal presiona a los EE. UU. hacia una menor tolerancia a la inmigración, a estos organismos se les ha otorgado mayor libertad para involucrar a las personas, incluso sin causa probable para sospechar.

Es importante que pueda reconocer a estos organismos y que tenga una idea de cómo funcionan. Este es un paso clave para comprender sus derechos y cómo puede garantizarlos frente a la discriminación.

En la actualidad, la sección que se encarga de la inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Nacional (Department of Homeland Security, DHS) se divide en tres categorías:

La Oficina de Servicios de Migración y Ciudadanía (Bureau of Citizenship and Immigration Services, BCIS): El organismo principal para procesar solicitudes de tarjetas verdes, visas, ciudadanía, renovaciones y otra documentación sobre el estatus migratorio.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo: El organismo responsable de evaluar la llegada de viajeros internacionales, inmigrantes legales, inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo.
La Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Bureau of Immigration and Customs Enforcement, ICE): El organismo responsable de la detención, la deportación, las redadas y otras actividades dirigidas contra personas sospechosas de estar en los Estados Unidos de forma ilegal.

Como estudiante indocumentado, se le puede solicitar que interactúe con cualquiera de estos organismos cuando solicite cierta documentación sobre el estatus (BCIS), cuando viaje (Control fronterizo) y, especialmente en momentos de mayores medidas coercitivas, cuando se le pregunte sobre su estatus o ciudadanía (ICE).

Además de la ICE, los cuerpos de seguridad a nivel federal, estatal y local pueden optar por cooperar con las iniciativas o prioridades de seguridad (aunque esta cooperación sea opcional y los cuerpos de seguridad en algunos estados o municipios se nieguen a cooperar). Las medidas de los cuerpos de seguridad contra las personas indocumentadas pueden incluir medidas de la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation) y los oficiales de policía a nivel estatal y municipal.

Como estudiante indocumentado, tenga en cuenta estos organismos, sus políticas y las tácticas que emplean para llevar a cabo las políticas actuales de inmigración y seguridad.

También tenga en cuenta que matricularse en un instituto de educación superior puede brindarle ciertas garantías. La Asociación de Investigación de Desarrollo Interculturalseñala que “el personal de la escuela, especialmente los directores y aquellos involucrados con el registro y la matriculación de los estudiantes, deben ser conscientes de que no tienen la obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración de los EE. UU.”

Esta exención de obligación incluye el derecho a rechazar la cooperación con los organismos de seguridad que buscan acceso a su información privada y al estatus de su ciudadanía. Las escuelas que se identifican como participantes en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Program, SEVP) a veces deberán cumplir ciertos términos de cooperación con la ICE para conservar la elegibilidad del SEVP. Sin embargo, este intercambio de información generalmente se aplica a los estudiantes en los Estados Unidos con visas de estudiantes, a diferencia de los estudiantes indocumentados.

Por tanto, debe consultar al personal de su escuela para obtener apoyo y protección si alguna vez siente que sus derechos están en riesgo, especialmente en lo que respecta a las medidas de cumplimiento de las leyes a nivel federal, estatal o local.

Conozca sus derechos constitucionales

Como estudiante indocumentado en los Estados Unidos, usted está protegido por los términos de la Constitución de los Estados Unidos. Esto le otorga ciertos derechos, que ni el gobierno federal, ni los organismos encargados de la inmigración ni el personal de la escuela pueden infringir. La profesora de la Facultad de Derecho de Yale, Cristina Rodriguez, señala que los inmigrantes legales o indocumentados tienen acceso innegable a los mismos derechos constitucionales que todos los estadounidenses. Ella explica que “la mayoría de las disposiciones de la Constitución se aplican basándose en la personalidad y la jurisdicción en los Estados Unidos.”

Hay ciertas disposiciones de la Constitución que se aplican directamente a usted como estudiante indocumentado. Sin embargo, es importante señalar que varias políticas y excepciones de aplicación de la ley de inmigración pueden imponer limitaciones a estos derechos cuando se aplican a personas indocumentadas.

Tenga en cuenta estas limitaciones y excepciones, pero también recuerde que tiene el derecho constitucional a no sufrir ninguna violación de ciertos derechos. Entre ellos:

La Cuarta Enmienda: Protege su derecho contra los allanamientos o decomisos irrazonables, lo que significa que las autoridades policiales o los funcionarios de inmigración no pueden detenerlo, registrarlo o violar su privacidad y sus derechos de propiedad sin una causa probable. Existe una “excepción sobre los allanamientos en la frontera,” que denota que los allanamientos que se realicen dentro de las 100 millas de la frontera de los EE. UU. se consideran legales.
La Quinta Enmienda: Garantiza el derecho al Debido Proceso, incluido el derecho a una transición justa y rápida del proceso judicial en todos los procedimientos, entre ellos los relacionados con la deportación y la separación familiar. Dicho esto, los tribunales de inmigración se ven notoriamente menos restringidos por las garantías constitucionales que los tribunales nacionales tradicionales. Los tribunales tienen menos cargas en la admisión de pruebas y, en algunos casos, el “debido proceso” se lleva a cabo a través de los canales administrativos sin una audiencia real. Aunque la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso, el umbral para llevar a cabo el debido proceso tiende a ser mucho menor en los casos de inmigración.
La Sexta Enmienda: Concede el derecho a un abogado en causas penales, incluido el derecho a que se le asigne un defensor público si no puede pagar la representación. Una vez más, sin embargo, existen peculiaridades cuando se aplican a casos de inmigración. En primer lugar, muchos casos de inmigración se juzgan como casos civiles, en lugar de penales, lo que significa que un abogado no es necesario ni asignado. Y en cuanto a aquellos que son juzgados como casos penales, un número cada vez mayor bajo la autoridad de Donald Trump, la mayoría se considera delitos menores, en lugar de casos de delitos graves. Una vez más, esto pasa por alto el requisito de que se asigne la representación. Dicho esto, en asuntos penales de delitos graves, usted tiene derecho a un abogado o a que le asignen uno si no puede pagarlo.
La Decimocuarta Enmienda: Incluye la cláusula de igual protección, que prohíbe la discriminación mediante la aplicación desigual de las leyes. Al dictar sentencia en el caso Plyler v. Doe en 1982, la Corte Suprema de EE. UU. determinó que no se puede negar a un niño el acceso igualitario a la educación pública debido a su estatus de ciudadanía. Esta decisión dictó que a los niños indocumentados e inmigrantes se les debe permitir asistir a las escuelas públicas, grados K-12, sin limitación ni discriminación. Este es un precedente fundamental para las familias indocumentadas que buscan una educación en los Estados Unidos.

Conozca Sus Derechos Como Estudiante

Como se señaló anteriormente, la histórica decisión de la Corte Suprema sobre Plyler v. Doe garantizaría el derecho de los inmigrantes indocumentados a una educación pública. También ayudaría a sentar las bases para obtener un conjunto de derechos más amplios y más claros que se apliquen directamente a los estudiantes indocumentados, que incluye:

El derecho a no ser discriminado por ningún beneficiario de los fondos federales: Según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, ninguna institución que reciba asistencia financiera federal puede discriminar por motivos de raza, color o nacionalidad. Esto se extiende a las escuelas públicas, los institutos de educación superior y las universidades que, como beneficiarios de fondos federales, no pueden restringir su acceso en función de la raza, el color o la nacionalidad.
El derecho a la privacidad en cuanto al intercambio de información entre usted y la escuela a la que asiste: Según la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) de 1974, los padres y las familias tienen derecho a la privacidad con respecto a ciertos datos personales, particularmente en lo que respecta al intercambio de información con entidades fuera de una escuela o distrito. Entre estos detalles personales, la Oficina de Derechos Civiles (Office of Civil Rights, OCR), que es parte del Departamento de Educación, señala que una escuela o distrito público no debe preguntar sobre el estatus de inmigración, ni está obligado a divulgar información sobre el mismo. El estatus de la ciudadanía y la documentación de un estudiante no se consideran relevantes para establecer la residencia del distrito, ni es constitucional utilizar esta información para determinar el acceso.
El derecho a asistir a la escuela pública sin importar su estatus de residencia.: Como se señaló anteriormente, la decisión de 1982 de Plyler v. Doe le otorga el derecho de asistir a las escuelas públicas (grados K-12) sin que se le solicite presentar un comprobante de ciudadanía u otra documentación que indique el estatus migratorio. Estos factores no se consideran relevantes para establecer la residencia del distrito ni es lícito utilizar estos factores para limitar u obstaculizar el acceso a la educación.
El derecho a que los estudiantes sin hogar reciban educación.: La Ley McKinney-Vento de 1987 garantizó los derechos a la educación a los estudiantes que están sin hogar, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye a los jóvenes sin compañía y crea ciertas excepciones que pueden mejorar el acceso de los estudiantes en esta situación, incluido el derecho a inscribirse inmediatamente sin documentación, asistir a una escuela aunque la vida se desarrolle temporalmente en otro distrito, el derecho al transporte y el derecho a asistir a la escuela sin documentación o evidencia de tutela legal.
El derecho de residencia legal: En 2012, la implementación de la política denominada Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA) desarrolló una nueva serie de garantías que se aplican a los inmigrantes indocumentados más jóvenes y que cumplen con ciertos estándares de elegibilidad. Entre esos derechos es fundamental tener un estatus legal de residencia, que casi 800,000 personas indocumentadas han recibido desde su inicio. Entre los beneficios de la DACA, los estudiantes indocumentados ahora pueden completar de manera segura una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) y por consiguiente recibir un Informe de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report, SAR). Si bien no sería elegible para recibir la asistencia financiera federal, la FAFSA puede prepararlo para buscar asistencia financiera estatal y asistencia de becas. Los beneficiarios de la DACA también pueden ser elegibles para recibir ciertos programas de becas Dreamer específicos de la institución.

La DACA también puede calificarlo para que reciba una visa de trabajo y el derecho a ganarse la vida y financiar su educación. Desafortunadamente, la DACA es actualmente el objetivo de los intentos de retroceso de ciertos derechos obtenidos y su futuro es incierto, como lo son los derechos futuros de sus beneficiarios y las posibles solicitudes. En el momento de redactar este informe, el gobierno federal no acepta renovaciones ni nuevas solicitudes, aunque este retroceso se esté debatiendo en el sistema judicial.
El derecho a no ser aprehendido en un “lugar vulnerable”: Al funcionar bajo las órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas conserva una “política de lugares vulnerables,” que denota que generalmente deben evitarse “las medidas de cumplimiento en lugares vulnerables.” Las escuelas se consideran lugares vulnerables, y según la política vigente de la ICE, cualquier medida de cumplimiento que se tome en ese lugar “necesita la aprobación previa del funcionario de supervisión correspondiente o deben ser circunstancias apremiantes que requieran la implementación de una medida inmediata.

La política anterior, si bien no es estrictamente vinculante, sí resalta el valor de afiliarse a un instituto de educación superior o universidad. Pasar tiempo o conservar su residencia en un campus universitario puede brindarle un nivel más de protección contra confrontaciones indebidas.

Conozca las Limitaciones de Sus Derechos

Como se indicó en la sección anterior sobre sus derechos como estudiante, su estatus como residente indocumentado puede volverlo vulnerable a ciertas limitaciones. Además de las limitaciones generales descritas anteriormente, que pueden impedir tanto sus derechos constitucionales como sus derechos como estudiante, existen otras limitaciones explícitas de las que debe estar al tanto.

En particular, los estudiantes indocumentados enfrentan un amplio conjunto de restricciones y obstáculos de acceso. Muchas de estos obstáculos se extienden desde la Reforma de Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad del Inmigrante (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility, IIRIRA), que fue aprobada en 1996.

Además de generar nuevos obstáculos para obtener un estatus legal, imponer penas más severas a aquellos acusados de estar en los EE. UU. ilegalmente y apropiarse de nuevos fondos para las medidas de seguridad fronterizas, la Ley IIRIRA creó limitaciones explícitas sobre los derechos de los estudiantes indocumentados. Entre ellas, los estudiantes indocumentados:

Técnicamente no son elegibles para gozar de las tasas de matriculación dentro del estado en institutos de educación superior o universidades públicas (aunque algunos estados han encontrado formas de eludir esta limitación y de ofrecer tarifas dentro del estado a los estudiantes indocumentados. Consulte la siguiente sección para obtener más información).
No son elegibles para recibir la asistencia financiera federal, que incluye tanto préstamos federales para los estudiantes como asistencia financiera federal.
Técnicamente no pueden buscar empleo o recibir beneficios relacionados con el trabajo sin una visa de trabajo. Aunque algunos campus pueden tener programas de estudio y trabajo financiados por el estado, usted tendrá limitaciones en su capacidad de trabajo para financiar su educación.

Para obtener más información sobre cómo explorar la ley IIRIRA y cómo afecta sus posibilidades de educación superior, visite el Consejo de Inmigración de Estados Unidos (AIC).

Conozca Sus Derechos en Cada Estado

Algunos estados han tomado medidas para contrarrestar los obstáculos y las limitaciones sobre sus derechos, incluida la aprobación de la legislación que ayuda a los estudiantes indocumentados a acceder a las universidades públicas, a recibir tasas de matriculación dentro del estado y calificar para recibir asistencia financiera estatal o institucional.

Por el contrario, algunos estados tienen leyes que restringen las posibilidades educativas, incluida la denegación del acceso a las universidades públicas y la imposibilidad de ser elegido para recibir las tasas de matriculación dentro del estado o la asistencia financiera.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, a partir de 2015, 16 estados de EE. UU. han desarrollado una legislación que permite a los estudiantes indocumentados pagar las tasas de matriculación dentro del estado:

Además, las decisiones que se toman a través de las Juntas de Regentes estatales han creado acceso a tasas de matriculación locales para estudiantes indocumentados que asisten a sistemas universitarios estatales en:

El estado de Virginia brinda elegibilidad de matriculación dentro del estado solo para aquellos estudiantes indocumentados con el estatus de beneficiario de la ley DREAM (Dreamer) según la DACA.

Entre los enumerados anteriormente, hay seis estados que actualmente brindan tasas de matriculación dentro del estado y acceso a la asistencia financiera estatal:

Los siguientes estados han aprobado leyes que prohíben explícitamente que los estudiantes indocumentados reciban asistencia financiera:

Los siguientes estados tienen leyes que prohíben a los estudiantes indocumentados asistir a institutos de educación superior o universidades públicas en general:

Los beneficiarios de la DACA tienen derecho a asistir a cualquier instituto de educación superior o universidad públicos en cualquier estado. Sin embargo, la orientación de las políticas a nivel estatal hacia los estudiantes indocumentados puede ser un claro indicador de la actitud general y el tratamiento legal de las poblaciones de inmigrantes en un estado determinado. Use este indicador para tomar decisiones sobre dónde continuará su educación.

Sepa Cómo Protegerse

Conozca sus derechos: Conocer sus derechos es el primer paso cuando se trata de protegerse contra la discriminación y las medidas de cumplimiento indebidas. Además de los derechos y limitaciones descritos anteriormente, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) ofrece algunos consejos específicos para afirmar y garantizar sus derechos durante los encuentros con la policía local o las autoridades de inmigración.
Siempre tenga la documentación de respaldo correspondiente: Si está aquí como inmigrante legal con estatus de ciudadanía, es aconsejable que tenga los documentos de respaldo en todo momento, como el pasaporte o la identificación emitida por el estado. Si usted es residente legal sin ciudadanía, ya sea a través de su estado de DACA, una visa de estudiante u otra forma de visa temporal, asegúrese de tener todos los documentos de afiliado en todo momento, especialmente cuando esté fuera del campus. También asegúrese de guardar las copias de estos documentos de manera segura en su lugar de residencia.
Tenga un contacto de emergencia: Designe a un amigo o familiar como contacto de emergencia si alguna vez se encuentra con un problema respecto a su libertad, residencia, ciudadanía o estatus como estudiante. Haga que sea una persona de su confianza con ciudadanía plena y legal para que tenga un defensor con acceso a su documentación de respaldo, fondos y lista de contactos en caso de que alguna vez lo detengan.
Evite viajar a la frontera: Evite viajar dentro de las 100 millas de la frontera con los Estados Unidos, donde a las autoridades de Aduanas y Control Fronterizo se les permite reemplazar ciertas garantías constitucionales en su compromiso con los sospechosos de inmigración ilegal.
Coopere dentro de sus derechos: Tiene derecho a hacer valer sus derechos con respecto a las garantías contra los interrogatorios, los allanamientos o los decomisos ilegales y otras violaciones de sus derechos constitucionales. Sin embargo, nunca es conveniente resistirse a las medidas de cumplimiento, amenazar a los oficiales con quejas, o volverse agresivo con los agentes de inmigración. Cuando las medidas de cumplimiento violan sus derechos, tome nota mentalmente de cada medida y prepárese para presentar un reclamo después de un conflicto. No intente desafiar a los oficiales de policía o a los agentes de inmigración en el campo. Esto podría empeorar sus posibles resultados e incluso poner en peligro su vida.

Sepa a Quién Llamar

Si bien nunca debe desafiar a un oficial de la ley o a un funcionario de inmigración en medio de un conflicto, existen organismos y grupos de defensoría que pueden brindar apoyo, orientación y asistencia financiera después de un acto de discriminación o de una violación a sus derechos. Si ha sido víctima de discriminación, el personal encargado de hacer cumplir la ley violó sus derechos constitucionales, o usted o un ser querido enfrentan una detención, una deportación u otras medidas legales relacionadas con su estatus migratorio, consulte los siguientes puntos de asistencia. Cada uno de estos puntos podría ser un recurso fundamental a medida que trabaja para proteger, preservar e incluso expandir sus derechos como inmigrante o estudiante indocumentado.

Organismos y oficinas gubernamentales

La Oficina de Derechos Civiles (Office of Civil Rights, OCR): Es la división del Departamento de Educación responsable de brindar apoyo, orientación y defensoría a los estudiantes que buscan protección contra la exclusión o que presentan cargos de discriminación contra una institución educativa.
La Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares (Family Policy Compliance Office): Trata problemas y reclamos relacionados con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), que se refiere a la privacidad y al intercambio de información.
El Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (Student and Exchange Visitor Program, SEVP): Parte de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (National Security Investigations Division), supervisa los diversos estándares y regulaciones que rodean la llegada de estudiantes no inmigrantes a los EE. UU. y se aplica principalmente a personas que buscan o tienen una visa de estudiante.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): Tiene una línea directa multilingüe (1-888-351-4024) a la que puede llamar si usted o alguien que usted conoce ha sido detenido injustamente. úsela para obtener información sobre el paradero de las personas que han sido detenidas, separadas de sus familias o deportadas, pero sea cauteloso respecto a los desafíos burocráticos de la experimentación en el ICE y de la priorización del cumplimiento de la ley en vez del apoyo en todo el organismo.

Grupos de defensoría

El Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES): Recauda dinero para la defensa legal de familias indocumentadas e inmigrantes, y ha asumido una función particularmente importante en la confrontación de la separación familiar y las violaciones de los derechos civiles relacionadas, que se producen en la frontera entre México y los Estados Unidos.
El Consejo de Inmigración de Estados Unidos (American Immigration Council, AIC): Promueve la educación, aboga por amparos judiciales y promueve el intercambio cultural en torno a las cuestiones y las necesidades de inmigración.
El Programa de Justicia Educativa DREAM: Patrocinado por United We Dream, brinda apoyo específico para la educación de los beneficiarios de la Ley DREAM (Dreamers).
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU): Sigue siendo uno de los principales recursos de información, apoyo y orientación en asuntos relacionados con las violaciones constitucionales, la discriminación institucional y otras prácticas o políticas que generan un trato desigual.

Vuelva a consultar la Guía para estudiantes indocumentados del instituto de educación superior en línea para obtener más consejos, recursos e ideas a medida que enfrenta el doble desafío de las cambiantes políticas de inmigración de los Estados Unidos y sus propias ambiciones educativas.

Y si está realmente interesado en comprender mejor y ayudar a mejorar las leyes de inmigración de los Estados Unidos, consulte las siguientes opciones de títulos y realice una carrera en apoyo, defensoría o reforma de políticas:

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